COMUNICADO

Como bien refiere el preámbulo del Anteproyecto de Ley del Deporte, el modelo deportivo español está sujeto a la evolución constante que afecta no sólo a la práctica deportiva, sino también a todos los entes que le rodea, debiendo adaptarse a los tiempos modernos teniendo en cuenta que éste fenómeno es uno de los más importantes instrumentos de cohesión y transmisión de valores además de ser uno de los motores económicos de nuestro país.

 

La única asociación

La AEA con más de un año de existencia pero que aglutina el recorrido de más de 100 años de arbitraje deportivo en España, es la ÚNICA asociación que de forma independiente agrupa a los árbitros/as y jueces/zas deportivos/as de España, sea de la modalidad deportiva que sea, cuestión que no debe sorprender, ya que el Legislador no distingue de deporte a la hora de establecer derechos y deberes en el arbitraje, pese a las diferencias tan considerables que puede haber entre modalidades. Pese a la larga trayectoria del arbitraje, a día de hoy no podemos decir que el Legislador se haya acordado de nosotros, seguramente debido a que no existía una entidad que aglutinase la voluntad de todos los árbitros/as y jueces/zas deportivos/as.

Lo cierto es que decisiones normativas desde la Ley 13/1980, de 31 de marzo, General de la Cultura Física y del Deporte así como la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte como los reales decretos que posteriormente la desarrollaban, además de olvidarse casi por completo de la figura arbitral, conformaron un conjunto normativo que provocaba (y sigue provocando) un alto grado de inseguridad jurídica a los más de 100.000 árbitros/as y jueces/zas deportivos/as que hay en la actualidad en España.

 

La integración del arbitraje

El problema de base no es otro que la integración del arbitraje en las distintas federaciones deportivas a través de los respectivos Comités, término que la Jurisprudencia en el ámbito de lo Social ha utilizado reiteradamente para declararse incompetente y por tanto no considerar al árbitro trabajador por cuenta ajena sino como agente delegado de la administración con función pública de carácter administrativo al ejercer la potestad disciplinaria durante el desarrollo de los encuentros, por lo que no considera que los árbitros/as y jueces/zas deportivos/as ejerzan su labor dentro del ámbito de organización y dirección federativa.

Curiosamente el Legislador tampoco se ha parado a considerar funcionario al árbitro/a en relación a su relación laboral ni en relación a las más de 1000 agresiones físicas contabilizadas (por seguro que son más, y verbales ni se contabilizan) que se producen año tras año, que nos debería ser garantes de una mayor protección, fomentando que sean considerados actos de atentado contra la autoridad si se produce en el ejercicio de nuestra labor o con ocasión de la misma, como sí ha considerado el Legislador tras la petición de distintas asociaciones de personal sanitario que culmina éste próximo viernes con la enmienda e inclusión en el artículo 550 del Código Penal.

 

Contrato laboral

Llegado a éste punto viendo lo laxa e imprecisa que ha sido la normativa y lo clara y contundente que la Jurisprudencia ha definido al arbitraje, sorprende que en el anteproyecto recientemente publicado se busque garantizar un contrato laboral dentro de las opciones que permite la legislación vigente con el fin de adaptar la vinculación que más se adapte al desempeño de nuestra labor, incorporándolo necesariamente al sistema de Seguridad Social.

Con la normativa vigente, será muy complicado por no decir imposible, que la inseguridad jurídica que rodea al arbitraje desaparezca, para ello la AEA ve rotundamente necesario que se promueva y se apruebe un Real Decreto que regule la relación laboral especial de arbitraje deportivo, mediante el cual se establezca la base para que se reconozca no sólo la laboralidad, sino también la formación, la retribución, su regulación fiscal, el ser considerados deportistas de alto nivel cuando accedan a categorías nacionales, garantizar los mínimos de partidos a dirigir así como un  procedimiento sancionador y un sistema de ascensos y descensos realmente justo.

Dejar regular o establecer estos mínimos a las Federaciones Deportivas, a las Ligas Profesionales o los convenios que realicen éstas entidades entendemos que no sólo no solucionaría la problemática sino que perpetuaría la misma quizás otros treinta años, volviendo a recordar que han sido las mismas federaciones y ligas profesionales las que se han opuesto en sede judicial al reconocimiento de la laboralidad del arbitraje, por lo que dejarles a ellos acordar el régimen del arbitraje deportivo sin tener en cuenta a asociaciones independientes de árbitros es contrario a los fundamentos sobre los que se basa el anteproyecto de ley del deporte.

 

El fin de la violencia

El principio del fin de la violencia frente a nosotros es la determinación jurídica del arbitraje, que nos permita ser considerados trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia correspondiéndonos derechos como estar protegidos en caso de fallecimiento yendo a nuestros partidos (in itinere). Tristemente la semana pasada se cumplieron 32 años de la trágica muerte en 1987 del árbitro guipuzcoano Emilio Guruceta y el árbitro asistente murciano Eduardo Vidal cuando se dirigían en su vehículo a arbitrar un partido de Copa del Rey en Pamplona, cuyas familias quedaron desamparadas y cuya indemnización fueron dos partidos amistosos. Es de resaltar que el partido que iban a dirigir no se suspendió y fue arbitrado por otro árbitro designado, claro ejemplo de lo que supone el arbitraje para el ente federativo, el cual está conformado fundamentalmente por los clubes, entrenadores y jugadores destinatarios de nuestras decisiones técnicas y disciplinarias y que curiosamente son los que deciden sobre nosotros.

 

Solicitamos

Por todo ello, desde la Asociación Española de Árbitros solicitamos no solamente al Consejo Superior de Deportes sino a los distintos partidos políticos, que se nos reconozca como interlocutor en todos los asuntos relacionados con el arbitraje deportivo con el fin de abordar definitivamente la indeterminada situación jurídica de los árbitros/as y jueces/zas deportivos/as en España que nos brinde tras un siglo de existencia de autogobierno, autorregulación, independencia y sobre todo seguridad en el ejercicio de nuestras funciones.

En el día de ayer remitimos las modificaciones que consideramos oportunas al articulado del Anteproyecto de Ley del Deporte conforme a los argumentos del presente comunicado.

 

 

AEA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Share This