COMUNICADO

La reciente problemática en la regularización fiscal de los árbitros de distintas (no todas) comunidades autónomas que incluso ha llevado a plantearse nuestros compañeros de Castellón realizar un parón en su actividad, solamente es la punta del iceberg de un problema mayor que concierne a todos los árbitros y jueces deportivos de nuestro país; el legislador se ha olvidado por completo dejándonos en una situación de total inseguridad jurídica y de total desprotección en la labor de arbitraje deportivo que desempeñamos.

Realizamos una función básica que garantiza el normal devenir de la competición, a cambio de una contraprestación económica sin un estatus jurídico definido que incluso es desempeñado por menores de edad desde los 12 años. Y no parece que las estructuras federativas, que tienen en la vigente Ley del Deporte la potestad de mando y organización sobre los árbitros, estén precisamente interesadas en cambiar la situación actual de indefinición jurídica, en la medida que pueda acabar afectando a sus intereses.

Últimamente ha sido objeto de publicaciones en la prensa deportiva la voluntad de federaciones, ligas profesionales así como del Consejo Superior de Deportes, en donde se manifestaba la voluntad para buscar fórmulas legales para que los colegiados pudieran ser reconocidos jurídicamente y cotizar como trabajadores que somos a la Seguridad Social.
Hasta la fecha todas estas manifestaciones no han pasado de simples declaraciones o intenciones y no nos consta que se hayan dado pasos serios para lograr el objetivo de regularizar la labor arbitral. Es más, cuando la cuestión se ha llevado a los Tribunales el ente federativo se ha posicionado en contra del reconocimiento laboral.

“Buscar fórmulas legales para que los colegiados pudieran ser reconocidos jurídicamente y cotizar como trabajadores que somos a la Seguridad Social”

Los árbitros queremos tributar, y lo queremos hacer conforme al procedimiento que establezca el legislador en base al nuestro reconocimiento laboral, no queremos estar en una economía sumergida, deseamos cotizar y hacerlo como corresponda, orgullosos de contribuir para que todos los ciudadanos mantengamos y recibamos unos servicios públicos mejores.

Deseamos no sólo tributar, sino tener todos los derechos que como trabajadores nos corresponden como estar protegidos en caso de fallecimiento yendo a nuestros partidos (in itinere). Tristemente tenemos que recordar la trágica muerte en 1987 del árbitro guipuzcoano José Emilio Guruceta y Eduardo Vidal cuando se dirigían a arbitrar un partido de Copa del Rey en Pamplona y cuyas familias quedaron desamparadas.

El problema no es una simple retención que se pretenda imponer arbitrariamente por cada territorial, la cuestión es la regularización de una profesión ya de por si maltratada y sin reconocimiento alguno.

Por lo anterior desde la Asociación Española de Árbitros solicitamos con carácter urgente una reunión con todos los actores interesados para abordar definitivamente la situación de todos los árbitros y jueces deportivos en España.

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